Publicado el 17/06/2025 por Administrador
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El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha rechazado tajantemente las acusaciones que pretenden vincular al sector privado con los recientes escándalos de corrupción que salpican a instituciones públicas. Desde Málaga, y en un evento organizado por Diario SUR y Unicaja, el líder patronal lanzó un mensaje claro: “El sistema empresarial no es corrupto; quien corrompe es el que tiene el poder”.
En medio de una creciente tensión política derivada del llamado “caso Koldo” —una investigación que involucra a exasesores del gobierno en contratos presuntamente irregulares durante la pandemia—, Garamendi buscó desmarcar al tejido empresarial de cualquier sombra de sospecha. A su juicio, se está intentando trasladar una culpa institucional hacia las empresas, lo que consideró profundamente injusto.
“No se puede generalizar ni hacer pensar que las empresas son el origen de la corrupción. Hay casos aislados, pero el verdadero poder de decisión, el que puede adjudicar, firmar y autorizar, está en lo público”, expresó Garamendi ante una audiencia compuesta por empresarios, académicos y autoridades locales.
Sus declaraciones se producen en respuesta a manifestaciones como las de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien insinuó que ciertas prácticas corruptas no habrían sido posibles sin la colaboración empresarial. Garamendi replicó con contundencia que ese tipo de discursos no solo estigmatizan a un sector entero, sino que minan la confianza en la inversión y la iniciativa privada.
“Cada vez que hay un escándalo público, el foco se coloca en la empresa, cuando muchas veces esta actúa como víctima o es arrastrada por decisiones políticas ajenas a su control”, explicó el presidente de la CEOE. Añadió que los empresarios deben cumplir múltiples normativas, auditorías y controles, y que la generalización de la culpa solo genera inseguridad jurídica.
En su intervención, también pidió responsabilidad política, más controles en la contratación pública y transparencia en los procesos gubernamentales. Según él, las empresas no deben cargar con el estigma de la corrupción institucional, porque su labor diaria es generar empleo, desarrollo y competitividad.
“En este país hay cientos de miles de empresas que hacen bien su trabajo y no pueden ser tratadas como sospechosas por defecto”, sostuvo Garamendi. Añadió que una narrativa centrada en culpabilizar a la empresa daña la imagen de España en el exterior y ahuyenta posibles inversiones.
Por último, reclamó un “pacto de Estado por la transparencia” que no dependa del color político de turno y que sirva para garantizar que tanto el sector público como el privado operen bajo estándares éticos y legales. “Tenemos que construir un país en el que se premie la honradez y no se use la corrupción como arma arrojadiza”, concluyó.
Las palabras de Garamendi han sido bien recibidas en círculos empresariales, aunque han generado cierto malestar en sectores del Gobierno. La polémica parece lejos de extinguirse, mientras se intensifican las investigaciones judiciales que ya salpican a nombres relevantes del oficialismo.
