Publicado el 11/06/2025 por Administrador
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El senador colombiano y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay continúa en estado crítico, pero con signos alentadores de mejoría neurológica, según el último parte médico emitido desde la Fundación Santa Fe en Bogotá. Uribe, quien fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio durante un mitin político, permanece bajo estricta vigilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos, aunque sus médicos reportan una reducción del edema cerebral y estabilidad en sus signos vitales.
El ataque, perpetrado en el parque El Golfito del barrio Modelia, estremeció a la opinión pública colombiana. El agresor, un adolescente de entre 14 y 15 años, se acercó por la espalda y disparó en repetidas ocasiones al político, hiriéndolo en la cabeza y en la pierna. El menor fue detenido minutos después por agentes de seguridad que repelieron el ataque.
Las primeras diligencias de la Fiscalía han revelado detalles inquietantes. El joven fue imputado por tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas, aunque en audiencia declaró ser inocente. Las autoridades sospechan que no actuó solo y que podría haber sido reclutado por una red criminal que planeó el atentado.
El arma utilizada —una pistola Glock 9 mm— fue rastreada hasta el estado de Arizona, en Estados Unidos, donde fue adquirida legalmente en 2020. Este hallazgo ha motivado una solicitud de cooperación internacional para profundizar en el origen del arma y esclarecer cómo ingresó al país.
El presidente Gustavo Petro ha insinuado públicamente la existencia de una supuesta “junta narcotraficante” que estaría detrás del atentado, con posibles nexos internacionales, incluso en Dubái. Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía no ha confirmado la existencia de dicha organización.
Entre las líneas de investigación también se contempla la posibilidad de que el menor haya sido contratado bajo promesas económicas. Según testigos, al momento de su captura habría afirmado que “lo hizo por dinero, por su familia”, aunque luego se retractó ante las autoridades judiciales.
El Gobierno Nacional ofreció una recompensa de 3.000 millones de pesos por información que permita dar con los autores intelectuales del crimen. Al mismo tiempo, varias voces del ámbito político han expresado su preocupación por el aumento de la violencia en la antesala de las elecciones de 2026.
La investigación avanza en varios frentes: análisis de comunicaciones, registros telefónicos, grabaciones del lugar del atentado y declaraciones de posibles testigos. Además, se indaga si hubo fallas en los protocolos de seguridad que permitieron que un menor armado se acercara tan peligrosamente al candidato.
La detención del joven ha puesto también sobre la mesa el debate sobre la instrumentalización de menores en delitos violentos. Las autoridades buscan establecer si este caso es un hecho aislado o parte de una práctica más extendida por redes delictivas organizadas.
Mientras tanto, en Bogotá y otras ciudades del país, simpatizantes de Uribe han realizado vigilias y actos simbólicos en su apoyo, mientras se convoca a una gran “marcha del silencio” para exigir justicia y rechazar cualquier forma de violencia política.
Miguel Uribe, conocido por su firme postura contra el narcotráfico y su liderazgo en la oposición, se mantiene como una figura clave en el panorama electoral. Su recuperación es seguida con atención por la ciudadanía y la clase política, mientras el país espera respuestas claras sobre un atentado que ha vuelto a encender las alarmas sobre la fragilidad democrática en Colombia.
