Publicado el 16/05/2025 por Administrador
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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dado un giro de alto voltaje político tras el rechazo del Senado a su propuesta de consulta popular sobre la reforma laboral. Desde China, en medio de una visita oficial, el mandatario no solo calificó la decisión como un “fraude democrático”, sino que convocó abiertamente a la movilización social, intensificando el pulso entre el Ejecutivo y el Congreso.
La consulta, que incluía 12 preguntas enfocadas en garantizar derechos laborales como la estabilidad en el empleo y la reducción de la jornada laboral, fue derrotada en una ajustada votación: 49 senadores votaron en contra y 47 a favor. Lo que parecía un revés parlamentario se convirtió rápidamente en un nuevo eje de confrontación institucional.
En una declaración televisada, Petro acusó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de cerrar la votación antes de tiempo, impidiendo que varios senadores emitieran su voto. “Fue una decisión antidemocrática. Si bloquean al pueblo en el Congreso, el pueblo debe hablar desde las plazas”, afirmó el mandatario, quien exhortó a sindicatos, organizaciones sociales, jóvenes y comunidades indígenas a organizar cabildos abiertos en todo el país.
“La democracia no es solo el Congreso. Los derechos no se mendigan. Se construyen con la voz del pueblo en las calles”, dijo Petro, quien también ordenó a las fuerzas del orden abstenerse de cualquier represión violenta durante las movilizaciones convocadas. El mensaje fue claro: las manifestaciones deben ser pacíficas, pero firmes.
La oposición no tardó en reaccionar. Varios sectores criticaron la iniciativa presidencial, calificándola de “populista” y de ser una estrategia política con miras a las elecciones de 2026, en las que Petro no puede ser candidato. Además, señalan que la consulta implicaba un alto costo económico y legalmente innecesario, dado que la reforma laboral puede ser tramitada por vía legislativa, opción que ahora será reactivada.
En efecto, tras el rechazo a la consulta, el Senado decidió reabrir el debate sobre el proyecto de ley de reforma laboral que había sido archivado. Aunque esto mantiene viva la posibilidad de avanzar en materia laboral, el gobierno ha dejado claro que no confía del todo en el Congreso para garantizar una reforma “con sentido social”.
Este nuevo episodio agrava la ya tensa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Petro, que llegó al poder con una ambiciosa agenda de reformas, ha visto cómo sus principales propuestas —salud, pensiones y trabajo— encuentran resistencias en el Congreso. Con este llamado a la movilización, el presidente apuesta por trasladar el debate a la calle, buscando respaldo ciudadano directo ante el bloqueo institucional.
El país se encamina hacia una nueva fase de confrontación política, en la que el movimiento social volverá a ser protagonista. El desenlace podría redefinir no solo el rumbo de las reformas, sino también el equilibrio de poderes en Colombia.
